¿Es la reforma del art. 49 de la CE la gran panacea del Gobierno actual para dar respuesta a las necesidades reales de las personas con discapacidad?

El Consejo de Ministros de España, en su reunión del pasado viernes 7 de diciembre, aprobó el Anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución que dota de mayor protección a los derechos de las personas con discapacidad.

En dicho anteproyecto se propone cambiar la actual redacción de este precepto constitucional por la contenida en el mismo por las razones en expuestas en él.

Redacción actual:

Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos.

Redacción propuesta por actual Ejecutivo:

1."Las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación.

2.Los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad. Estas políticas respetarán su libertad de elección y preferencias, y serán adoptadas con la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad. Se atenderán particularmente las necesidades específicas de las mujeres y niñas con discapacidad.

3.Se regulará la protección reforzada de las personas con discapacidad para el pleno ejercicio de sus derechos y deberes.

4. Las personas con discapacidad gozan de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos".

Justificación de la nueva redacción propuesta:

El Consejo de Ministros ha aprobado a iniciativa de la vicepresidenta del Gobierno, ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad, Carmen Calvo, el Anteproyecto de reforma del artículo 49 de la Constitución, relativo a los derechos de las personas con discapacidad.

La redacción del nuevo texto constitucional se ha realizado a iniciativa del Gobierno a partir de la propuesta de la Comisión para las políticas integrales de la discapacidad y ha contado con la participación del colectivo de personas con discapacidad, representado por CERMI. Se han incluido en el nuevo texto constitucional los aspectos que este colectivo considera fundamentales.

El artículo 49 de la Constitución fue un gran avance en la protección de las personas con discapacidad. Reconoció constitucionalmente al colectivo y previó un ámbito concreto de protección. No obstante, el paso de cuatro décadas ha hecho envejecer el texto constitucional. Además, en este tiempo se ha aprobado la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de 2006, que ha supuesto un punto de inflexión en el reconocimiento y protección de sus derechos. Con esta reforma, el artículo 49 de la Constitución Española se actualiza para adaptarlo a la Convención de 2006 y se modifica íntegramente tanto desde el punto de vista del lenguaje como de su estructura y contenido.

En primer lugar, se modifica la terminología que emplea el artículo 49 para referirse ahora al colectivo de las personas con discapacidad. De esta manera, se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo.

En segundo lugar, se reforma la estructura del artículo en coherencia con la multiplicación de los enfoques desde los que se aborda la discapacidad. Así, se divide el precepto en cuatro apartados, cada uno de los cuales refleja una dimensión diferente de la protección de las personas con discapacidad.

En tercer lugar, se modifica el contenido del artículo 49, para adaptarlo a las concepciones actuales sobre la protección de las personas con discapacidad, que ya no se basan en la concepción médico-rehabilitadora que subyace en su redacción original.

De este modo se pone el énfasis sobre los derechos y deberes de los que son titulares las personas con discapacidad, como ciudadanos libres e iguales. Además, se fijan los objetivos que deben orientar la acción positiva de los poderes públicos como son su plena autonomía personal y su inclusión social, políticas que deberán respetar siempre la libertad de elección y preferencias de las personas con discapacidad.

En la fijación de estas políticas, la reforma incluye expresamente la participación de sus organizaciones representativas, con el objetivo de que sean consultadas y cooperen activamente en la adopción de las políticas públicas que les afecten.

La situación de especial vulnerabilidad de las mujeres y niñas con discapacidad justifica claramente que el nuevo artículo 49 de la Constitución haga una alusión expresa a la atención específica de sus necesidades.

Se consagra asimismo el principio de protección reforzada de las personas con discapacidad, para que reciban la atención especializada que requieren y se encuentren especialmente amparadas para el disfrute de los derechos que la Constitución otorga a toda la ciudadanía.

Finalmente, se hace una referencia a la protección que ofrecen los tratados internacionales que velan por los derechos de las personas con discapacidad.

Propuesta de reflexión:

¿No debe considerarse la nueva redacción del artículo mera retórica vacía de contenido real? He aquí algunas reflexiones que apoyarían dicha tesis:

1. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por Naciones Unidas el 13 de diciembre de 2016, fue ratificada por España en virtud del Instrumento de Ratificación de fecha 23 de noviembre de 2017 (BOE núm. 96, de 21 de abril de 2008), incorporándose su contenido íntegramente al Ordenamiento interno (artículo 96 de la Constitución Española) a partir del 3 de mayo de 2008 (Art. 50 del mencionado Instrumento de Ratificación). Por ello el apartado cuarto de la nueva redacción propuesta es completamente redundante e innecesario.

2. Las personas con discapacidad ya son, sin necesidad de esta nueva redacción, titulares de los derechos y deberes previstos en el Título I de la Carta Magna, incluidos el derecho a la igualdad formal y no discriminación (art. 14) y a la igualdad real y efectiva (art. 9.2). Derechos reforzados por la norma internacional anteriormente citada.

3. Se puede garantizar mediante ley ordinaria la participación de las organizaciones representativas de personas con discapacidad como se ha hecho con otras en situaciones análogas.

A título de ejemplo, las asociaciones profesionales de trabajadores autónomos representativas en el ámbito intersectorial y estatal, integradas en virtud de lo dispuesto en el art. 22.3 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo, en el Consejo del Trabajo Autónomo al que se le encomienda, entre otras importantes funciones, emitir su parecer con carácter facultativo sobre los anteproyectos de leyes o Reales Decretos que incidan en el trabajo autónomo; en el diseño de políticas públicas en materia de trabajo autónomo; o en cualesquiera otros asuntos que se sometan a su consulta por el Gobierno de la Nación o sus miembros.

4. En la redacción actual del art. 49 de la Constitución se alude a los “disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”. Según las razones que justifican la nueva redacción: “Se modifica la terminología que emplea el artículo 49 para referirse ahora al colectivo de las personas con discapacidad. De esta manera, se actualiza el lenguaje de una forma que refleja los propios valores de la Constitución y la dignidad inherente a este colectivo”. Sin embargo, no parece que los términos empleados en la redacción actual del artículo 49 sean indignos. Todo lo más desacordes con el empleado más recientemente en las normas internacionales y del que se ha hecho eco el legislador nacional. Es más, el término discapacitado, según el diccionario de la RAE, significa: “Dicho de una persona: Que padece una disminución física, sensorial o psíquica que la incapacita total o parcialmente para el trabajo o para otras tareas ordinarias de la vida”.

Incluso, debe observarse que el prefijo “dis”, proveniente del latín, denota “oposición o negación”, por ejemplo: Disgusto, disconforme, distraer, etc. Por lo tanto, podría llevar a la confusión, al entender que “discapacitado” denota lo opuesto o la negación de “capacitado”.

5. El apartado segundo de la nueva redacción propuesta no es más que una nueva confirmación del carácter de tal precepto constitucional, un principio rector de la política social y económica, cuya eficacia es muy limitada (informar la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos, pudiendo únicamente ser alegados ante la Jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollan, de acuerdo con lo establecido en el art. 53.3 de la CE). Se trata de la misma de la que gozan, por ejemplo, el derecho que tenemos todos los españoles a disfrutar de una vivienda “digna y adecuada” (art. 47 CE), el de la tercera edad a una pensión “adecuada” (art. 50) o el de los españoles en el extranjero a que el Estado oriente su política “hacía su retorno” (art. 42). Todos ellos, derechos reducidos a principios inspiradores cuya inobservancia, a pesar de su reconocimiento constitucional, es patente y manifiesto.

¿Se hubiese podido realmente articular un conjunto de medidas legales, económicas y sociales dirigidas a hacer efectivos todos estos derechos sin necesidad de andar “retocando” la constitución para reiterar innecesariamente derechos ya reconocidos a las personas con discapacidad?, ¿La nueva redacción da lugar a un artículo vacuo, pero aparentemente más tuitivo? La respuesta es evidente: ¡Por supuesto que sí!

¿Y por qué no se ha hecho? Porque para ello hace falta una voluntad política real, más allá de la de acallar a las organizaciones representativas de las personas con discapacidad, a cambio de un mero reconocimiento genérico, sin mayor trascendencia real, y captar el voto de todos aquellos que a los que se convenza de que sí existe un firme compromiso político con este colectivo que, en su momento, cuando se dispongan de las mayorías suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, se dotarán de la estructura legal (leyes ordinarias de desarrollo), presupuestaria (previsión presupuestaria) y económica (fondos destinados a este fin).

La dignidad de las personas con discapacidad no se garantiza con un mero retoque léxico o con el uso de la retórica, mediante el reconocimiento de derechos de los que ya son titulares, y que no trascienden del campo de la semántica. Su dignidad se garantiza mediante medidas reales y tangibles, acompañadas más de una aplicación real de las normas ya existentes que de ahondar en legislar sobre lo ya regulado, que, dicho sea de paso, es, reiterada y consentidamente, inobservado ante una pasmosa e incomprensible pasividad por parte de los poderes públicos. Además, requiere de medidas comprometidas que vayan dirigidas a transformar la igualdad formal en real; de otras dirigidas a impulsar un cambio en la sociedad y en la forma en que se perciben e integran en ella a las personas con discapacidad; y, finalmente, de recursos económicos suficientes para garantizar su adecuada protección asistencial y social.

Dicha dignidad, que es inherente a todo ser humano, está, siempre lo ha estado y lo estará, a salvo del término que el legislador haya usado o use para referirse al colectivo, porque ésta reside precisamente en la condición de ejemplaridad que le es inherente al mismo y a cuantos lo integran, con independencia de cómo se les pueda denominar.

Por respeto a esa dignidad no deberían ser objeto de este tipo de artimañas políticas, todo lo contrario, todas las fuerzas políticas deberían suscribir un pacto, en materia de personas con discapacidad, similar al de Toledo sobre pensiones, para preservar a estos de los vaivenes políticos y garantizarles una estabilidad en cuanto al diseño de las políticas sociales de las que el Estado es deudor para con ellos, en virtud de lo dispuesto tanto de las normas internacionales ratificadas por España como en la actual redacción del art. 49 de nuestra Constitución.

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